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Proyecto Visión 21

¿Para qué quieren “depurar” las listas de votantes?

Francisco Miraval

Los distintos capítulos de la lucha en Colorado por “depurar” los padrones electorales de supuestos votantes inelegibles ya alcanzan niveles tan ridículos que la situación podría caracterizarse como una telenovela, si no fuese por la seriedad del caso y por las posibles consecuencias que estas gestiones podrían tener para los votantes y para las elecciones.

El año pasado, el Secretario de Estado de Colorado, Scott Gessler (republicano), afirmó que habría unos 10.000 votantes “ilegales” en el estado, entre los 1,5 millones de votantes en el padrón electoral. Es decir, el problema podría afectar al 0,006 por ciento de los votantes.

El potencial número de votantes “ilegales” luego se redujo a 4.000, y más tarde a 2.500. Y la semana pasada se determinó que la cantidad real de votantes indocumentados llegaba a la increíble cifra de 85, número que más tarde bajó a sólo 29, un porcentaje tan ínfimo de los 1,5 millones de empadronados que ni siquiera vale la pena imprimir tantos ceros.

De hecho, el porcentaje es tan pequeño que, como lo puntualizaron varios secretarios de condados de Colorado, está dentro del margen aceptable de error, sea porque la persona en cuestión cometió un error al completar el formulario para registrarse para votar o por otros problemas administrativos o técnicos.

Además, el proceso de registrarse para votar es tan complicado (como lo descubrí en 2005 poco después de obtener la ciudadanía estadounidense), que sólo quienes realmente desean participar activamente en las elecciones lo completan.

Aunque todos los 29 votantes “ilegales” de Colorado votasen en las próximas elecciones, o aunque los supuestamente 10.000 votantes “ilegales” lo hiciesen, el porcentaje de esos votos es tan pequeño que el resultado de las elecciones no cambiará.

¿Por qué, entonces, se insiste que el problema existe y se movilizan los recursos y el personal de varias agencias estatales para resolverlo? ¿Y por qué se pide la intervención y la ayuda del gobierno federal, específicamente del Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés)?

Aunque Colorado aún está esperando la respuesta de DHS, esa respuesta ya llegó para Florida, donde las autoridades electorales de ese estado pueden ahora acceder a bases de datos federales para determinar la ciudadanía e identidad de personas en los padrones electorales.

Allí radica la razón de tantos esfuerzos irracionales: los estados (o por lo menos Florida) puede ahora determinar la situación inmigratoria de una persona, facultad que antes sólo le correspondía al gobierno federal.

Los republicanos en Florida (como seguramente lo harán los de Colorado) celebraron la decisión del DHS como una “victoria” en la lucha contra el “fraude electoral”. ¿Pero que garantías existen que la información de DHS a la que accedan funcionarios públicos estatales se usará sólo con ese propósito?

La famosa “lista de indocumentados” publicada hace algún tiempo en Utah por funcionarios inescrupulosos demuestra que información en bases de datos oficiales puede usarse con fines nefastos. Me pregunto qué se está combatiendo realmente con esta iniciativa contra el fraude electoral y cuál será el precio que todos pagaremos.

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